En España, ya en el siglo XIX se dieron diversas iniciativas para abordar la educación de las personas con ceguera y discapacidad visual. Estos proyectos, en principio, fueron impulsados por filántropos, más tarde por los poderes públicos e incluso después por algunas personas ciegas desde sus propias asociaciones.
En 1820, José Ricart crea en Barcelona oficialmente la primera escuela para ciegos y en 1842 se pone en funcionamiento, en Madrid, una sala dentro de una escuela para sordomudos. Pero será a mediados de siglo cuando empiezan a surgir intentos de alternativas impulsadas desde las administraciones públicas.
Alberto Daudén en su tesis doctoral: “Los ciegos como grupo social y su relación con el Estado: 1800-1938”, lo recoge así: “Retornando a la mitad del siglo XIX, los poderes públicos toman conciencia de los problemas hacia 1853, al conocerse la existencia de un sistema de escritura para ciegos de trascendencia histórica. La Ley de Instrucción Pública de 1857, compromete al Estado y a las corporaciones locales en un programa de adscripción cultural y social para los invidentes. Se crean escuelas especiales en todas las provincias y en varios municipios importantes, pero todo se reduce a la instrucción y a ciertas acciones de formación profesional elementales. A fines de siglo, se organizan asociaciones privadas por algunos componentes del Grupo Social de los Ciegos”. (Daudén, 1998, p. 55).
Fruto de esta legislación surgieron escuelas en Barcelona, Alicante, Santiago, Salamanca, Sevilla, Zaragoza, Burgos, etc. y en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos de Madrid además se enseñaban técnicas de ebanistería, zapatería, escultura, y especialmente, de imprenta, etc.
En el artículo 3o, apartado e), del Reglamento que desarrolla el Decreto de 13 de diciembre de 1938 por el que se crea la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el Estado encomienda a la ONCE la misión de unificar la enseñanza especial de las personas con ceguera y discapacidad visual en nuestro país. Aunque es cierto que durante cuatro décadas del pasado siglo XX esta misión fue prácticamente cubierta por la ONCE, algunas familias llevaron a sus hijos ciegos o con discapacidad visual, bien por desconocimiento o por elección, al sistema educativo ordinario e incluso a pequeños centros que existían, y que durante algunos años permanecieron, de forma residual, funcionando como escuelas especiales para ciegos, incluso después del decreto de 1938.
A partir de la creación de la ONCE en 1938, y con el objetivo de unificar la educación, se crean cuatro colegios, reconocidos por el Estado y que se ubican en Madrid, Sevilla, Alicante y Pontevedra, y años más tarde, en Barcelona. En estos colegios los alumnos con problemas de visión, casi en su totalidad internos, cursaban la Enseñanza Básica (en el Centro de Madrid también el Bachillerato) y una serie de materias complementarias: música, idiomas, etc.
A finales de los 70, como consecuencia de los cambios socioeconómicos y culturales que se fueron dando en España, surgen nuevos planteamientos sobre la educación de las personas con discapacidad, en general y de los ciegos en particular. Se pone en cuestión la educación en centros específicos, padres y profesionales ven la necesidad de que los niños ciegos se incorporen a centros ordinarios. Paulatinamente se crean asociaciones de padres y los primeros equipos de apoyo, que tratarán de impulsar, la entonces llamada, educación integrada.
Como refrendo a lo iniciado a finales de los 70, en la Ley 1.3/1982 de 7 de abril sobre «Integración Social de los Minusválidos», se establece el marco legal en el que debe desarrollarse la educación de las personas con discapacidad, sobre los principios de: normalización, integración, sectorización e individualización. Por tanto, se les reconoce a los alumnos con discapacidad el derecho a asistir a un centro ordinario de su zona de residencia y a ser educados teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades individuales. No obstante, durante los 80 y en las décadas posteriores, muchas personas con discapacidad, y también los ciegos, siguieron asistiendo a centros especiales, y la incorporación a otros centros ha sido lenta, aunque ha ido aumentando, como no podía ser menos, a lo largo de los años.
La experiencia educativa de las 50 personas que entrevisté, como no podía ser de otro modo, se enmarca en esta realidad, que es la de España en las últimas 6 o 7 décadas. En concreto, el 36% de ellas siguieron sus estudios en centros ordinarios, el 20% en centros específicos para personas ciegas y el 28%, por diferentes razones que se detallarán en próximos artículos, una combinación de ambos. Un cuarto grupo, compuesto por personas que representan el 16% restante asistieron a centros educativos ordinarios, bien por perder la visión posteriormente o incluso, aunque tuviesen problemas con anterioridad, no haber sido diagnosticadas, por tanto, entiendo que el análisis es diferente, pues no eran considerados personas ciegas.
Me propongo exponer en los próximos artículos la variedad de experiencias que las personas ciegas han tenido en su tránsito por el sistema educativo, en su relación con profesores, compañeros y como consecuencia de las circunstancias en que han vivido.